El estado de conservación de los inmuebles del sector CA-8 de La Piñera ha llevado al Ayuntamiento de Algeciras a abrir un proceso de evaluación técnica sobre 144 viviendas, algunas de ellas con expedientes de ruina ya iniciados. La situación ha motivado un encuentro entre responsables municipales y representantes vecinales para abordar posibles soluciones que garanticen la seguridad de los residentes.
En la reunión participaron responsables de las delegaciones de Urbanismo y Vivienda, junto a técnicos municipales, así como miembros del Consejo de Barrio y de la asociación vecinal del entorno. Sobre la mesa, el avanzado deterioro que presentan varios bloques construidos a mediados del siglo pasado, cuyo desgaste estructural se ha visto agravado por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento en inmuebles de titularidad privada.
Desde el área de Urbanismo se señaló que algunos edificios podrían acogerse a planes de rehabilitación con la colaboración de la Junta de Andalucía, fondos europeos y el propio Consistorio. Sin embargo, la prioridad municipal se centra en aquellos bloques que ya cuentan con declaración de ruina, donde la mayoría de las familias han sido realojadas y los inmuebles permanecen desalojados por motivos de seguridad.
Por su parte, la delegación de Vivienda subrayó la complejidad administrativa y social del problema, al tratarse de viviendas privadas, y defendió la coordinación entre distintas áreas municipales para ofrecer alternativas a los afectados. Desde el movimiento vecinal se valoró la convocatoria de la reunión y la implicación del alcalde, José Ignacio Landaluce, al tiempo que se mostró disposición a trabajar en una hoja de ruta que priorice las actuaciones más urgentes.
Paralelamente, los representantes vecinales han anunciado un calendario de movilizaciones ante distintas administraciones para reclamar respuestas inmediatas. Denuncian que muchas familias, especialmente personas mayores o en situación de vulnerabilidad, no pueden acceder a un contrato de alquiler —requisito exigido para optar a una ayuda municipal de 600 euros—, lo que las deja sin apoyo económico. También cuestionan la eficacia de anteriores obras financiadas con fondos públicos en algunos bloques, al considerar que no resolvieron los problemas estructurales existentes.
