Agentes de la Policía Nacional de Algeciras a dos individuos vinculados a una supuesta empresa constructora con sede en San Martín del Tesorillo como presuntos autores de delitos contra los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos extranjeros y de estafa. Ambos explotaban presuntamente a empleados en condiciones laborales abusivas mientras engañaban a clientes con obras que nunca finalizaban.
La investigación comenzó en enero de 2025, tras la denuncia de un obrero que afirmaba estar siendo víctima de explotación laboral. Las pesquisas revelaron que la empresa, que se promocionaba como experimentada y fiable en redes sociales, no estaba registrada oficialmente y operaba de forma clandestina. Captaban clientes con presupuestos que aparentaban legalidad, incluyendo supuestos pagos de IVA, pero en realidad se trataba de una red de fraude bien organizada.
En total, se han identificado 33 trabajadores empleados sin estar dados de alta en la Seguridad Social, muchos de ellos en situación irregular, y cinco clientes perjudicados con pérdidas que superan los 50.000 euros. Los empleados, además de no cobrar sus sueldos, debían costearse los materiales y trabajaban en condiciones de máxima precariedad y riesgo, especialmente en altura, sin cumplir las normas de seguridad.
Uno de los casos más graves se registró cuando una vivienda en construcción se derrumbó por falta de pilares, aumentando el peligro para los obreros. La investigación también reveló que los responsables recurrían a la intimidación y violencia para evitar denuncias y mantenían un clima de miedo, llegando incluso a utilizar una placa falsa de la Policía Nacional para infundir temor y aparentar protección oficial.
Durante el registro del domicilio del principal acusado, los agentes intervinieron documentos contables, material publicitario, dinero en efectivo, facturas falsas y otros elementos vinculados a la trama, confirmando la existencia de una estafa organizada.
La Policía Nacional continúa con las diligencias para esclarecer el alcance total del fraude y no descarta nuevas detenciones o imputaciones en una red que ha dejado graves daños laborales, económicos y personales a sus víctimas.
