El conflicto colectivo abierto entre Acerinox y el sindicato ATA (Asociación de Trabajadores del Acero (ATA) ha desbordado el plano legal y ha entrado de lleno en el debate sindical y electoral.
La Secretaría de Industria de CCOO Andalucía ha emitido un comunicado desvinculándose del proceso judicial, al aclarar que Comisiones Obreras (CCOO) no forma parte de la demanda interpuesta por la siderúrgica por presunta huelga ilegal. Según la organización, su inclusión en la documentación fue fruto de un error material en el encabezado de un documento oficial, lo que ha sido aprovechado por algunos sectores para alimentar “bulos con fines de propaganda”.
“Desde CCOO siempre hemos defendido que el ejercicio de huelga no es un delito”, ha declarado de forma tajante José Hurtado Quirós, secretario general de CCOO Industria Andalucía, quien además ha solicitado al juzgado la corrección formal del documento para evitar confusiones.
El sindicato denuncia que esta tergiversación se produce en un momento delicado, cuando la plantilla de Acerinox atraviesa una negociación colectiva compleja y cualquier señalamiento puede alterar la percepción de los trabajadores.
Con posterioridad, el mismo Juzgado emite una Diligencia de Ordenación en la que, como se puede comprobar en la imagen que sigue, se matiza que CCOO, como UGT y USO fueron llamados "en calidad de interesados en el presente procedimiento"
Los seis de ATA reclaman 30.000€
Paralelamente, CCOO ha reaccionado con sorpresa ante una nueva causa judicial derivada del mismo conflicto, en la que seis representantes del sindicato ATA han demandado a la empresa y a diez delegados de otras secciones sindicales, reclamando 30.000 euros a cada uno. Hurtado ha calificado esta acción como un “afán recaudatorio” que perjudica la unidad sindical.
“Nos parece fatal que, tras la aprobación del convenio por mayoría en asamblea, se respondan con demandas de este tipo”, ha lamentado el dirigente sindical andaluz.
La denuncia - según fuentes de ATA consultadas - se fundamenta en que estos seis trabajadores aseguran haberse sentido perjudicados al haberse negado su entrada a las reuniones, algo que entienden que es ilegal, matizando que ese dinero, en caso de que el juez les diera la razón y lo lograran, no iría a cada una de las cuentas particulares, sino para la caja de resistencia creada con los paros o a fines solidarios.
