Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, adscritos a la Comandancia de Algeciras, han llevado a cabo una importante operación contra delitos medioambientales en la localidad de Jimena de la Frontera. Durante una inspección en un almacén, los agentes localizaron más de 6.500 kilos de cepas de brezo y 38 cornamentas de cérvidos, presuntamente almacenadas sin la debida autorización.
La investigación comenzó tras recibir información sobre una posible actividad ilegal relacionada con el almacenamiento y tratamiento de especies forestales protegidas. Durante la inspección, los agentes hallaron alrededor de 5.000 kilos de cepas de brezo sin tratar y 1.600 kilos ya cortados y listos para su comercialización, junto con diversa maquinaria para su procesamiento.
La cepa de brezo, una especie autóctona y protegida en Andalucía, es muy valorada para la fabricación de pipas de fumar, objetos decorativos y juguetes para mascotas, debido a su resistencia, dureza y atractivo colorido. Su aprovechamiento y comercialización están regulados por la normativa medioambiental, siendo necesario contar con autorización previa de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.
Además de las cepas, los agentes encontraron 38 cornamentas, de las cuales 34 pertenecían a ciervos y 4 a gamos. Estas provienen del desmogue, un proceso natural en el que los animales pierden sus astas anualmente. Sin embargo, su recogida y almacenamiento también requieren autorización expresa, dado que forman parte del patrimonio natural y están protegidas por la legislación vigente.
El responsable del almacén no pudo presentar las licencias necesarias, por lo que la Guardia Civil ha tramitado las correspondientes denuncias por infracciones graves a la Ley 8/2003 de Flora y Fauna Silvestres de Andalucía. Las sanciones podrían oscilar entre 601,02 y 60.101,21 euros en materia de conservación, además de entre 601 y 4.000 euros por infracciones en materia de caza. También se contemplan sanciones adicionales como la suspensión o inhabilitación para obtener nuevas licencias medioambientales.
