El tribunal del Deputy Coroner Karl Tonna en Gibraltar continúa celebrando el inquest por la muerte de Mohamed Abdeslam Ahmed (40) y Mustafa Dris Mohamed (49), ambos de Ceuta, fallecidos el 8 de marzo de 2020 durante una persecución en el mar. En la sesión del pasado viernes se escucharon declaraciones clave sobre la cooperación operativa entre la Royal Gibraltar Police (RGP) y la Guardia Civil en aguas fronterizas.
El retirado oficial Herbert Warwick, con casi 30 años de experiencia marítima como coxswain del RGP, declaró que existía una comunicación fluida entre ambas fuerzas y que, en ocasiones, si la Guardia Civil no podía actuar, la policía gibraltareña intervenía tras recibir aviso. Confirmó que las persecuciones dependían en última instancia del criterio del coxswain en activo.
Uno de los puntos clave del inquest es el lugar exacto de la persecución. El oficial que pilotaba la patrullera, conocido como Officer 1, creía que estaban en aguas territoriales británicas, pero más tarde reconoció, tras revisar pruebas, que la colisión con la RHIB se produjo en aguas españolas. El siniestro causó la muerte de los dos tripulantes al sufrir heridas catastróficas.
La sesión también abordó cuestiones de procedimiento y seguridad, como el uso del AIS (Automatic Identification System) y del chart plotter, que no estaban activos durante la persecución. Warwick y otro testigo, Leif Simpson, explicaron que el uso del AIS podía revelar la posición exacta de las patrullas a los presuntos delincuentes, afectando a la eficacia operativa. Aunque su activación era obligatoria por directiva, varios agentes mostraron dudas sobre su conveniencia.
En relación al dispositivo tras el accidente, se planteó por qué no se activó un mayday. Simpson afirmó que esa alerta pudo haber sido emitida por varias autoridades, y admitió que “todos fallaron”. También reconoció que la tripulación sigue afectada emocionalmente por el suceso: “Nadie va a trabajar pensando que va a matar a alguien”.
El tribunal, acompañado de un jurado de nueve miembros, ha escuchado hasta ahora a peritos y testigos sobre los protocolos de actuación del RGP en el mar, la falta de entrenamiento específico en persecuciones y los riesgos asociados a este tipo de operaciones. El inquest no busca asignar culpabilidad penal, pero el jurado puede emitir recomendaciones tras evaluar la evidencia presentada.
