El Tribunal Supremo ha dado la razón al Gobierno de Gibraltar en el litigio que mantenía con el empresario Allan Ásquez, propietario de VSB Limited, por la terminación anticipada de su arrendamiento en el Victoria Stadium. La resolución judicial considera que la actuación del Ejecutivo fue legal, constitucional y guiada por el interés económico público, lo que despeja el camino para la remodelación de la instalación deportiva.
La sentencia ratifica la validez del mecanismo de la Sección 66, utilizado por el Gobernador para notificar el desalojo, y sostiene que la decisión fue coherente con la legislación vigente. Además, respalda la interpretación que el Ejecutivo ha defendido desde el principio del proceso.
Durante el conflicto, el Gobierno presentó diversas propuestas para alcanzar un acuerdo amistoso, incluyendo compensaciones que superaban con creces los derechos legales del demandante, valorados en 115.440 libras. Sin embargo, Ásquez las rechazó todas, reclamando más de dos millones de libras por conceptos como pérdida de ingresos, compensaciones comerciales y facturas pendientes.
La ministra responsable del proyecto, Gemma Arias-Vásquez, celebró el fallo y calificó las reclamaciones del empresario como "irracionales e injustificadas". También subrayó que el nuevo Estadio Nacional, que aspira a ser de Categoría 4 UEFA, beneficiará a futuras generaciones y consolidará la infraestructura deportiva del Peñón.
Con esta resolución judicial, la Asociación de Fútbol de Gibraltar (GFA) podrá iniciar la esperada transformación del estadio. El Gobierno prevé que los trabajos de demolición de la grada oeste comiencen antes de que finalice el año.
El proyecto contempla, entre otras medidas, la construcción de instalaciones modernas que permitirán albergar competiciones internacionales y reforzar la proyección exterior del deporte
