El acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar ha sido objeto de intensos debates desde su publicación. Oficialmente, se espera que entre en vigor el próximo 15 de julio, no obstante, diversos factores apuntan a que esta fecha no podría cumplirse.
Por un lado, Bruselas ha señalado que los procedimientos internos de firma y ratificación, tanto en el Consejo Europeo como en el Parlamento, aún no están concluidos. Por otro, Londres ha enfrentado diversos retrasos administrativos en la implementación de las medidas de control fronterizo y de seguridad que el acuerdo exige.
Fuentes oficiales indican que las negociaciones técnicas siguen abiertas en puntos clave, como en el ámbito de la coordinación aduanera. La falta de resolución en estos aspectos críticos impide una plena operatividad de este acuerdo tan complicado.
En consecuencia, aunque existe voluntad política de aplicar el acuerdo, los retrasos previos surgidos en la firma y en la preparación administrativa sugieren que el 15 de julio podría ser una fecha difícil de cumplir. No se descarta que la entrada en vigor pueda posponerse hasta que se garanticen los controles y procedimientos necesarios para su aplicación efectiva.
Es probable que el acuerdo no se termine aplicando el 15 de julio, ya que será necesario esperar a que se resuelvan los aspectos técnicos y administrativos pendientes, asuntos tan sensibles que en un tratado de este calibre no pueden quedar sin resoluciones firmes.
