La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha reclamado a la Comisión Europea que vigile con mayor firmeza el cumplimiento de la normativa medioambiental en el estrecho de Gibraltar tras las denuncias de Verdemar Ecologistas en Acción. El colectivo ecologista acusa a Gibraltar de verter todas sus aguas residuales sin depurar, realizar avituallamiento entre buques y permitir el fondeo masivo de grandes embarcaciones que convierten la zona en una "gasolinera flotante".
La denuncia también incluye la pesca ilegal y la continua ganancia de terreno al mar desde los años noventa, prácticas que, según los ecologistas, alteran gravemente los caladeros y el equilibrio de los ecosistemas marinos. El Parlamento Europeo ha dado apoyo unánime a la petición de mayor vigilancia, subrayando los riesgos para la Bahía de Algeciras, el Mar de Alborán y el propio Mediterráneo.
Una representante de la Comisión Europea reconoció durante el debate que existe un “vacío legal” tras la salida del Reino Unido de la UE, ya que de momento no se impone legislación medioambiental sobre Gibraltar. Según explicó, esta situación debería resolverse con el acuerdo suscrito en junio, en el que Londres se compromete a garantizar estándares equivalentes a los europeos en materia de protección ambiental.
La eurodiputada del PP, Esther Herranz, criticó que Bruselas espere a la aplicación de ese protocolo en lugar de exigir ya el cumplimiento de las normas actuales. "Hay una evidencia clarísima de violaciones medioambientales", advirtió, citando la falta de depuración de aguas y los vertidos al mar como una amenaza directa para el Mediterráneo.
Desde el PSOE, Sandra Gómez destacó que los ecosistemas de la bahía, el Estrecho y el Mar de Alborán son “únicos” y necesitan cooperación internacional para su protección. Por su parte, Ana Miranda (BNG) reclamó “acciones urgentes”, alertando de que mientras tanto la bahía de Algeciras sigue contaminada y la pesca ilegal continúa sin control.
La petición parlamentaria supone un nuevo respaldo político a las denuncias ecologistas y coloca de nuevo a Gibraltar en el foco de Bruselas, a la espera de que el futuro acuerdo con Reino Unido garantice el cumplimiento de la normativa medioambiental en la zona.
