El Gobierno de Gibraltar ha publicado íntegramente el Informe de la Investigación McGrail, presidida por Sir Peter Openshaw, que analiza las circunstancias que rodearon la jubilación anticipada del excomisario Ian McGrail. El documento, presentado como el mayor ejercicio de transparencia en la historia del Peñón, confirma que el Gobierno y el Ministro Principal, Fabián Picardo, actuaron correctamente y sin interferencias en la decisión de relevar al mando policial.
La investigación, retransmitida en directo por la GBC, concluye que la salida de McGrail se debió exclusivamente a la decisión del gobernador interino Nick Pyle, quien ejerció sus competencias conforme a la Ley de Policía, sin presiones externas ni manipulación política. El informe, además, subraya que Pyle contó con el respaldo y asesoramiento del Ministerio británico de Asuntos Exteriores (FCDO), que validó la legalidad de su actuación.
El texto descarta por completo las acusaciones de “conspiración corrupta” o de interferencia en las operaciones policiales, y señala que el ministro principal actuó con base en una convicción legítima al considerar que McGrail le había mentido en un asunto relacionado con la Fiscalía. El presidente de la investigación rechaza recomendar cualquier reparación o indemnización para el excomisario, al entender que no fue víctima de ninguna actuación impropia o infundada.
El informe también pone de relieve deficiencias en la gestión de la antigua cúpula de la Royal Gibraltar Police, especialmente en la falta de divulgación completa de información relevante durante el proceso. El Gobierno celebra que el cuerpo policial esté ahora bajo un nuevo liderazgo, con el objetivo de recuperar la plena confianza de la ciudadanía.
En su declaración oficial, Fabián Picardo expresó su satisfacción por las conclusiones: “El informe exonera completamente al Gobierno de las acusaciones vertidas contra nosotros. Este proceso demuestra nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas”. Picardo pidió disculpas si su actuación no cumplió las expectativas ciudadanas, recordando que los hechos se produjeron en pleno contexto de la crisis sanitaria por la COVID-19 y del Brexit.
Con un coste superior a 8 millones de libras, la investigación se considera cerrada. El Ejecutivo ha remitido el informe al Parlamento de Gibraltar y se compromete a aplicar las recomendaciones formuladas para reforzar la confianza institucional y poner fin a un proceso que, según el Gobierno, “ha despejado definitivamente unas acusaciones escandalosas que dañaban la reputación del Peñón”.
