Diez mil euros, esa es la cantidad que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Línea de la Concepción ha impuesto a Verdemar Ecologistas en Acción como fianza para poder mantenerse como acusación popular en el procedimiento judicial por los vertidos de tierra y escollera en la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, en aguas próximas a Gibraltar.
La entidad ecologista considera que la exigencia judicial es legal, pero denuncia que resulta inasumible para su estructura, al no contar con financiación pública ni ingresos estables más allá de las cuotas de sus socios. La fianza les impediría ejercer la acción penal frente a lo que califican de atentado medioambiental.
La investigación se centra en los movimientos de material que se estarían realizando desde la cantera de Casares, en Málaga, hacia el desarrollo urbanístico conocido como Marina Eastside, promovido por el Gobierno de Gibraltar y gestionado por el grupo The TNG Global Foundation, al que se le adjudicaron los terrenos mediante contrato de arrendamiento.
La Fiscalía trasladó la denuncia al juzgado en mayo de 2025, señalando que los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente, al afectar un espacio protegido de la Red Natura 2000, concretamente el LIC ES6120032 Estrecho Oriental, perteneciente a la región biogeográfica mediterránea.
Desde Verdemar advierten que el depósito de escombros y piedra de escollera en esa zona pone en grave riesgo los ecosistemas marinos del estrecho de Gibraltar. Aunque la fianza complica su continuidad en el proceso, aseguran que buscarán vías alternativas para seguir defendiendo la integridad de este enclave natural.
