El Parlamento de Gibraltar ha dado luz verde a dos importantes iniciativas legislativas que refuerzan la protección de los derechos de las personas LGBTQ+. El Gobierno del Peñón ha aprobado la prohibición de las denominadas terapias de conversión y ha ampliado la legislación sobre delitos de odio para incluir expresamente a las personas transgénero.
El Ministerio de Igualdad ha calificado la aprobación del Proyecto de Ley de (Prohibición de) Terapias de Conversión de 2025 y del Proyecto de Ley de Delitos (Enmienda) de 2024 como un avance relevante en materia de igualdad y derechos humanos, al reforzar el marco legal destinado a combatir la discriminación.
La nueva normativa prohíbe cualquier práctica orientada a modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Según el Ejecutivo gibraltareño, el objetivo es proteger la dignidad, la autonomía y el bienestar de las personas LGBTQ+, dejando claro que la ley no afecta a las conversaciones legítimas que puedan desarrollarse en entornos terapéuticos o sanitarios.
Por otro lado, la reforma de la legislación penal incorpora de forma expresa a las personas transgénero dentro de la protección frente a los delitos de odio. A partir de ahora, las infracciones motivadas por la hostilidad hacia la identidad de género de una persona estarán reconocidas específicamente en la legislación y podrán recibir el tratamiento previsto por los tribunales.
El ministro de Igualdad, Christian Santos, ha asegurado que ambas normas representan "un hito importante para la igualdad en Gibraltar" y reflejan el compromiso del Gobierno con la defensa de los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos. Asimismo, ha señalado que la ampliación de la protección legal reafirma que "el odio y la intolerancia no se tolerarán en Gibraltar".
Santos también ha defendido que las terapias de conversión "no tienen cabida en una sociedad moderna e inclusiva", insistiendo en que todas las personas deben poder vivir conforme a su identidad sin sufrir discriminación, prejuicios o violencia. Además, destacó que Gibraltar pasa a formar parte del reducido grupo de jurisdicciones que han legislado específicamente para prohibir estas prácticas.
El Ejecutivo ha resaltado igualmente que estas medidas se incorporan al ordenamiento jurídico gibraltareño antes de que exista una legislación equivalente en Inglaterra y Gales, y ha anunciado que continuará trabajando con entidades sociales y colectivos implicados para seguir impulsando políticas de igualdad y construir una comunidad más inclusiva.
