La Real Policía de Gibraltar (RGP) deberá afrontar cambios estructurales y un refuerzo de efectivos ante la futura entrada en vigor del tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea, según ha señalado su comisario, Owain Richards, tras mantener contactos con el Gobierno del Peñón.
El responsable policial ha explicado que la fuerza necesita adaptar su estructura actual para responder a las nuevas exigencias del acuerdo, que implicará un despliegue permanente de seguridad en puntos clave como la frontera terrestre y el aeropuerto de Gibraltar.
Entre las principales necesidades detectadas, Richards ha indicado que serán necesarios al menos 20 agentes adicionales, además de personal civil, para garantizar una presencia policial armada y no armada las 24 horas del día en las nuevas instalaciones vinculadas al tratado. Esta cifra corresponde al mínimo necesario para cubrir el aeropuerto, considerado una infraestructura adicional dentro del nuevo escenario operativo, aunque no se descarta ampliarla en función de las necesidades.
El comisario también defendió la importancia de reorganizar funciones dentro del cuerpo para mejorar la eficiencia, incorporando más personal civil que permita liberar a los agentes para tareas estrictamente policiales, al tiempo que se mantiene el servicio ordinario.
Uno de los aspectos más relevantes del futuro despliegue será la cooperación con las fuerzas de seguridad españolas, especialmente en el entorno de la frontera. El tratado contempla la presencia de agentes españoles y la realización de patrullas conjuntas, un modelo inédito para una policía británica. Para ello, está previsto dotar a la RGP de nuevos vehículos y una embarcación que permitan reforzar su capacidad operativa.
El desarrollo de estas nuevas funciones implicará también un aumento de los costes, con inversiones en formación especializada, infraestructuras y tecnología. El ministro principal, Fabian Picardo, ya ha avanzado que será necesario reforzar áreas como la seguridad fronteriza, el análisis forense digital o la preparación ante incidentes graves.
Aunque la fecha de aplicación del tratado aún no está cerrada, desde la policía aseguran que ya se encuentran operativamente preparados y trabajando junto al Gobierno en las instalaciones conjuntas en la frontera, con el objetivo de garantizar la seguridad y compatibilizar estas nuevas exigencias con la labor policial diaria.
