El acuerdo entre el gobierno británico y el de Mauricio por el que Reino Unido cedía la soberanía de las Islas Chagos a cambio de salvaguardar la base militar conjunta británico estadounidense de Diego García había sido propuesto por el gobierno laborista en octubre de 2024. Desde entonces, ha recibido múltiples críticas desde las filas conservadoras del parlamento británico, principalmente por la alta cuantía que Londres y Washington debían abonar a Mauricio por el uso de la base: 101 millones de libras anuales durante un plazo de 99 años.
Según medios británicos como The Times, el acuerdo habría perdido el apoyo de la fluctuante administración Trump, que sí se había mostrado a su favor en un inicio. Este apoyo debía plasmarse formalmente en el convenio de 1966 entre RU y EEUU sobre la base militar, pero finalmente Washington ha decidido no dar su consentimiento. En consecuencia, esto habría provocado que el gobierno de Starmer no haya llegado a tiempo para incluir el acuerdo sobre Chagos en el programa de la próxima sesión parlamentaria y que el dosier quede en suspenso.
Por tanto, la cesión de soberanía que RU estaba dispuesto a aceptar no se llevará a cabo, a pesar de todos los esfuerzos invertidos por el Foreign Office y por el propio Starmer, quien lo ha defendido firmemente ante la opinión pública. El primer ministro ha tenido que clarificar las dudas sembradas por miembros de la oposición en cuanto a posibles cesiones de soberanía sobre otros territorios británicos de ultramar, como las Islas Malvinas o Gibraltar.
En este sentido, desde Gibraltar se observa con gran interés el devenir de este tipo de negociaciones internacionales sobre estos territorios donde, como Chagos, el Reino Unido ejerce soberanía pero genera tensiones territoriales y reclamaciones históricas.
En el caso gibraltareño, el territorio se encuentra a la espera de que el acuerdo entre RU y la Unión Europea sea firmado y ratificado definitivamente, sin obstáculos que lo impidan.
