Un informe demoledor del Auditor Principal de Gibraltar ha destapado una presunta gestión opaca de los fondos públicos durante los ejercicios fiscales 2018-2019 y posteriores, abriendo una profunda crisis institucional que ha culminado esta semana con la presentación de una moción de confianza contra el Gobierno de Fabian Picardo.
El informe, publicado con años de retraso, revela graves irregularidades contables, gastos sin justificación y una falta de transparencia estructural. Entre los hallazgos más graves:
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Transferencias a empresas presuntamente vinculadas al partido político en el gobierno (GSLP).
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Errores contables reiterados y partidas manipuladas.
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Falta de control sobre activos públicos como edificios y vehículos.
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Presupuestos inflados y proyectos sin ejecutar.
El líder de la oposición, Keith Azopardi (GSD), acusa al Gobierno de intentar desacreditar al auditor y de "bloquear sistemáticamente el control democrático". Por su parte, Picardo ha respondido con una contramoción alegando que el informe es "parcial y viciado".
El escándalo ha reabierto el debate sobre la creación de una Comisión de Cuentas Públicas, largamente reclamada por los auditores, y ha sembrado preocupación también en el Campo de Gibraltar, donde la estabilidad del Peñón tiene impacto directo en el empleo transfronterizo.
La moción será debatida en los próximos días en el Parlamento gibraltareño. Aunque es poco probable que prospere, la confianza en la gestión financiera del Ejecutivo ha quedado seriamente dañada.
