El Ministerio de Hacienda ha dado el primer paso formal para que Gibraltar deje de figurar en la relación española de jurisdicciones consideradas no cooperativas en materia tributaria. La medida aparece recogida en un proyecto de orden ministerial sometido a consulta pública durante siete días hábiles, con cierre previsto el 1 de junio.
La retirada pondría fin a una clasificación vigente desde 1991, cuando el Peñón fue incluido por primera vez en la lista española de paraísos fiscales. Desde entonces, la denominación se había mantenido pese a las reformas normativas y a los avances en intercambio de información fiscal.
El texto del Ministerio sostiene que Gibraltar cumple los criterios de transparencia fiscal y cooperación exigidos por la legislación española. Una vez superado el periodo de consulta, la orden será publicada en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor al día siguiente.
La decisión tiene una lectura directa en el Campo de Gibraltar, donde la relación económica, laboral y empresarial con el Peñón forma parte de la realidad diaria de miles de personas y compañías a ambos lados de la Verja.
El compromiso de sacar a Gibraltar de la lista española quedó recogido en el acuerdo fiscal firmado entre España y Reino Unido sobre el territorio, que entró en vigor en marzo de 2021. Aquel pacto establecía un plazo de dos años para completar la retirada, aunque la medida no se había materializado hasta ahora.
El ministro principal, Fabian Picardo, ha valorado el anuncio como un paso “muy esperado” y ha defendido que la etiqueta de paraíso fiscal “nunca estuvo justificada”. También ha señalado que el retraso ha tenido efectos sobre la reputación y la economía gibraltareña.
Junto a Gibraltar, el borrador prevé la salida de otros territorios como Barbados, Dominica, Samoa, Seychelles y Trinidad y Tobago. La última actualización de la lista española se produjo en 2023, aunque entonces el Peñón permaneció incluido.
La medida, si culmina como está previsto, abre una nueva etapa en la relación fiscal entre España y Gibraltar y puede aliviar uno de los asuntos más sensibles para el sector financiero, empresarial y laboral del entorno fronterizo.