Acerinox, un año después: denuncias, incertidumbre y petición de 30M€ por una huelga que la compañía tacha de ilegal

Hace un año, los trabajadores de Acerinox iniciaban una huelga de 137 días en defensa de sus derechos laborales, especialmente en materia de conciliación familiar. Hoy, los sindicalistas que se negaron a firmar el convenio denuncian que el conflicto sigue abierto y que la empresa ha incumplido sus promesas.

Uno de los puntos clave es la situación de los prejubilados, quienes deberían haber salido con 61 años y garantizar la incorporación de nuevos empleados mediante el contrato de relevo. Sin embargo, estas salidas se han paralizado y los jóvenes contratados ahora asumen una precariedad extrema, con contratos de seis o siete días y sin estabilidad laboral, según denuncian.

Además, los sindicalistas alertan sobre un posible ERE que la compañía estaría negociando en secreto, a pesar de que se prometió a que esto no ocurriría. También denuncian un uso indebido del ERTE, que se ha convertido en una "herramienta de presión" para obligar a los empleados a aceptar condiciones desfavorables.

Otro de los problemas que persisten es la persecución sindical. Representantes como Alberto Padilla y otros independientes aseguran que se les ha vetado en reuniones y que la empresa continúa con una estrategia de coacción para silenciar a quienes no se alinean con sus decisiones.

La situación ha llegado a los tribunales: los sindicalistas tienen un juicio el 19 de mayo por una demanda de huelga ilegal, con el riesgo de ser despedidos y haciendo frente a una indemnización de más de 30 millones de euros. Ante esto, los trabajadores planean nuevas movilizaciones y no descartan una concentración el mismo día del juicio.

A pesar de las amenazas, afirman que seguirán luchando por sus derechos y por un convenio justo, sin ceder ante la presión de la empresa ni la división sindical que generó el conflicto.