El debate sobre la apertura de un salón de juegos en Algeciras suma un nuevo capítulo tras confirmarse que la normativa autonómica vigente permite su instalación, pese a la oposición vecinal en el barrio de San García. La futura apertura, situada bajo una escuela infantil y próxima a un colegio, ha reactivado la polémica iniciada días atrás.
Desde el Ayuntamiento, la delegación de Urbanismo ha señalado que no existe margen legal para denegar la licencia, al tratarse de una regulación dependiente de la Junta de Andalucía. Según han explicado fuentes municipales, la legislación actual solo impide este tipo de negocios a menos de 150 metros de centros educativos de carácter obligatorio, un criterio que no incluye a las escuelas infantiles.
Este aspecto técnico es clave en el caso de la escuela infantil Colors, ya que se trata de un centro de educación no obligatoria, lo que deja fuera su protección dentro del marco legal. De este modo, el establecimiento cumpliría con la normativa vigente, pese a su proximidad a espacios frecuentados por menores.
Mientras tanto, la movilización vecinal continúa creciendo. Residentes de la zona han iniciado una recogida de firmas para intentar frenar la apertura, alegando preocupación por el impacto del local en un entorno familiar. A estas críticas se ha sumado Izquierda Unida, que ha solicitado acceso al expediente municipal para comprobar si se han aplicado correctamente todos los requisitos legales.
La formación considera necesario analizar si la instalación podría contravenir la normativa de protección a la infancia, aunque reconoce la complejidad jurídica del caso. En paralelo, el debate ha vuelto a poner sobre la mesa la limitación de la legislación andaluza, que establece distancias menores que otras comunidades autónomas y con criterios más restrictivos.
Este caso reabre además la discusión sobre las competencias municipales, ya que distintos ayuntamientos han intentado en los últimos años endurecer las condiciones para este tipo de locales mediante planes urbanísticos, sin éxito en los tribunales. En este contexto, la situación de San García refleja un conflicto recurrente entre demanda social, regulación autonómica y capacidad de actuación local.
