En el Campo de Gibraltar la decisión alcanza a los centros CEIP Campo de Gibraltar, CEIP General Castaños, CEIP Santa Teresa de Jesús, CEIP Tartessos e IES García Lorca. Estos eran los únicos puntos de la comarca donde continuaba activo un programa que, lejos de consolidarse, había perdido una parte importante de su alumnado en los últimos años: de más de 3.400 alumnos en Andalucía en 2018 a 1.810 en el último curso. Otras comunidades autónomas ya habían adoptado la misma decisión previamente.
Recuperar el control sobre la educación pública
El programa se caracterizaba porque los docentes eran funcionarios marroquíes seleccionados por las autoridades de Rabat, que también asumían el pago de sus salarios. La Junta de Andalucía aportaba únicamente los espacios. Esta estructura implicaba que un gobierno extranjero tuviera presencia directa en la formación complementaria de alumnos escolarizados en el sistema público andaluz. La supresión del programa devuelve a las autoridades educativas autonómicas el control sobre los contenidos que se imparten en sus centros.
La prioridad nacional como principio de integración
La prioridad nacional en el ámbito educativo se basa en la idea de que la escuela pública debe centrarse en transmitir el idioma, la historia y los valores compartidos por la sociedad española. Esta orientación busca facilitar una integración efectiva de todos los alumnos, independientemente de su origen, a través del dominio del español y el conocimiento de la cultura común. La medida se inscribe en esta línea y pretende evitar que la formación de los menores quede parcialmente delegada en estructuras vinculadas a un tercer país.
Una política coherente
La decisión forma parte de un conjunto de medidas acordadas por el Gobierno andaluz que incluyen la revisión de subvenciones públicas a entidades vinculadas a la inmigración irregular, la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios y servicios públicos autonómicos, y la oposición a determinados proyectos de grandes equipamientos religiosos que generan controversia social. Todas ellas responden a un mismo criterio: reforzar el control sobre las políticas públicas y priorizar los intereses de la ciudadanía andaluza.
El Campo de Gibraltar ante el cambio
En una zona como Algeciras y el Campo de Gibraltar, donde existe una presencia significativa de población de origen marroquí, la supresión del programa obliga a replantear los mecanismos de apoyo educativo desde una perspectiva centrada en la cohesión social. La integración real y duradera se favorece cuando todos los alumnos comparten un marco común de lengua y cultura. Esta es la orientación que defiende ahora la Junta de Andalucía.
La medida adoptada por el Gobierno andaluz refuerza el principio de que la escuela pública debe estar al servicio de la formación de ciudadanos españoles. Al eliminar un programa que dependía de un gobierno extranjero y que ya mostraba claros signos de agotamiento, Andalucía da un paso hacia un modelo educativo más coherente con la prioridad nacional y con el objetivo de una integración sólida y compartida.
