Alertan del riesgo que supone la instalación de una nueva planta eólica de Tarifa junto a los parques naturales
El grupo Verdes de Europa en Tarifa ha denunciado la implantación de la eólica “La ESE”, situada entre el Parque Natural de los Alcornocales y el Parque Natural del Estrecho, muy próxima al viaducto de los trece arcos de la N-340. Los ecologistas recuerdan que en esa misma zona se encontraba el antiguo parque eólico de Alstom, retirado tras el colapso en 2011 de un aerogenerador de más de 35 metros, que llegó a desplomarse junto a la carretera.
Según la denuncia, el silencio administrativo por parte de la Consejería de Medio Ambiente en la tramitación de esta infraestructura demuestra “opacidad y una táctica de hechos consumados”, en perjuicio del interés público. La formación califica el proceder institucional de “abuso de poder” y sostiene que la administración actúa “al servicio de intereses privados” y en contra de la ciudadanía.
En su comunicado, los ecologistas recuerdan que el BOJA del 10 de marzo de 2005 establecía que el Plan Especial del Esquema Sectorial de Recursos Eólicos aprobado en 2004 incluía a Barbate, Conil y Vejer, pero dejaba fuera oficialmente a Tarifa, pese a ser parte de La Janda litoral. Además, la normativa fijaba que los aerogeneradores debían situarse a más de 120 metros de las carreteras y, en el caso de superar los 80 metros de altura, la distancia mínima debía ser de una vez y media su tamaño.
La portavoz del grupo, Rosmarie Hennecke, cuestiona que el nuevo aerogenerador cumpla con estas condiciones y advierte de que “puede repetirse el riesgo del 2011, cuando fenómenos meteorológicos como pequeños tornados provocaron la caída de un molino”. En sus palabras: “¿Qué lógica tiene colocar otro aerogenerador en este enclave? ¿Dónde está la autorización ambiental? ¿Dónde la garantía de no afección a los parques naturales colindantes? ¿Se pretende poner en peligro a la ciudadanía y que, en caso de accidente, tenga que asumir daños y perjuicios?”.
Verdes de Europa concluye que las administraciones han perdido legitimidad y califican de “caos” la gestión de un proyecto que, en su opinión, refleja una deriva inmoral contra el interés público.