AGADEN alerta del crecimiento ilegal en zonas inundables de Tarifa tras las últimas lluvias
La organización ecologista advierte del riesgo ambiental y para la seguridad en la vega del río Jara y exige actuaciones inmediatas a las administraciones competentes
AGADEN–Ecologistas en Acción Cádiz ha alertado del grave descontrol urbanístico que, a su juicio, se mantiene en zonas inundables del término municipal de Tarifa, una situación que ha vuelto a quedar en evidencia tras las lluvias registradas en las últimas semanas, especialmente en la vega del río Jara.
Según la organización, los episodios de precipitaciones han dejado imágenes y pruebas claras de que muchas de las áreas anegadas corresponden a asentamientos ilegales, que continúan creciendo sin que exista constancia de actuaciones eficaces por parte de las administraciones para prevenir y frenar esta problemática. AGADEN considera que esta falta de control y planificación supone un riesgo evidente para el medio ambiente y para la seguridad de las personas.
Ante esta situación, el colectivo ecologista ha anunciado que notificará formalmente a la Delegación Territorial de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Tarifa las zonas que se han visto inundadas, con el objetivo de que se actúe de manera inmediata y se eviten en el futuro daños materiales y humanos que podrían resultar irreparables.
AGADEN señala además otros dos casos especialmente preocupantes. Por un lado, el proyecto urbanístico SUO-LI Los Lances, cuyo trazado incluye áreas catalogadas como inundables, y por otro, el camping Río Jara, ubicado en el monte de utilidad pública La Peña, también en zona inundable y cuya concesión ha sido renovada recientemente por el Ayuntamiento pese a los riesgos conocidos.
La organización ecologista advierte de que, si en el plazo de un mes, tal y como establece la Ley de Transparencia, no se recibe constancia oficial de medidas concretas y eficaces, trasladará la situación a la Fiscalía de Medio Ambiente. Con ello, pretende que quede constancia de la posible responsabilidad en la que podrían estar incurriendo las administraciones por su inacción ante un problema reiterado y documentado.