Bajada fiscal energética: el IVA de luz, gas y carburantes cae al 10%
El nuevo decreto incluirá rebajas fiscales, ayudas al transporte y refuerzo del bono social ante la subida de precios
El Gobierno aprobará este viernes un paquete de medidas económicas con el objetivo de contener el impacto de la crisis energética derivada del contexto internacional. Entre las principales decisiones destaca la reducción del IVA de la electricidad, el gas y los carburantes, que pasará del 21% al 10%.
El decreto, que será validado en un Consejo de Ministros extraordinario, contempla un giro en la política fiscal aplicada hasta ahora. El Ejecutivo sustituye medidas anteriores como la bonificación directa al combustible por una estrategia centrada en la reducción de impuestos, buscando un efecto más estable sobre los precios.
Además de la rebaja del IVA, se reducirá el impuesto especial de hidrocarburos, lo que afectará directamente al coste del diésel y la gasolina. Con este cambio, el Gobierno deja atrás el descuento generalizado por litro aplicado en anteriores кризис energéticos, al considerar que generaba distorsiones en el mercado.
En el ámbito eléctrico, se eliminará el impuesto a la generación de energía y se rebajará el impuesto especial de electricidad que pagan los consumidores. Estas medidas pretenden reducir la factura tanto para hogares como para empresas en un contexto marcado por la volatilidad de los precios.
El decreto también refuerza el bono social eléctrico, aumentando los descuentos para los consumidores vulnerables y ampliando la protección frente a cortes de suministro. Paralelamente, se incluyen ayudas específicas para el sector del transporte y el ámbito agrario, especialmente afectados por el encarecimiento del combustible.
Por otro lado, el Ejecutivo recuperará incentivos fiscales como la deducción en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos y por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas. Asimismo, se impulsarán medidas para facilitar el desarrollo de energías renovables y el autoconsumo.
El paquete incorpora también una cláusula social que impedirá a las empresas beneficiarias de ayudas públicas realizar despidos, con el objetivo de garantizar el mantenimiento del empleo durante este periodo de incertidumbre económica.