Los alumnos del Aljibe de Jimena vuelven a clase, a pesar de no contar con soluciones
Tras varios días de ausencia en las aulas, los alumnos del CEIP Aljibe, en Jimena de la Frontera, han vuelto a clase. La medida fue adoptada por el AMPA como protesta ante la falta de espacio y el incumplimiento del compromiso de instalar aulas prefabricadas. A pesar del regreso, las familias denuncian que no se ha producido avance alguno hacia la ampliación del centro.
El alcalde de Jimena, Francisco Gómez (IU), también padre de alumnos afectados, ha lamentado que los más de 300 menores estén escolarizados en condiciones que vulneran la ratio legal y carezcan de infraestructuras básicas como biblioteca, zonas comunes o salón de usos múltiples. Gómez ha reconocido que el regreso a las aulas ha sido condicionado por una amenaza de denuncia por absentismo por parte de la Consejería de Educación.
Desde la Junta de Andalucía, se insiste en que se está trabajando en una solución “definitiva y no un parche”, y que el delegado provincial, José Ángel Aparicio, ha mantenido ya varias reuniones con el AMPA. Sin embargo, según el alcalde, la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha descartado cualquier ampliación del centro.
Una de las soluciones propuestas por la Junta —instalar aulas prefabricadas— sigue sin materializarse, mientras algunas clases han tenido que dividirse en dos. El argumento del Gobierno andaluz se basa en que el actual “pico demográfico” descenderá en ocho o nueve años, una previsión que contrasta con la realidad de una localidad del Campo de Gibraltar “en expansión”, como destaca Gómez, con la llegada continua de familias jóvenes.
Las familias, junto al Ayuntamiento de Jimena, acudirán el próximo jueves al Parlamento de Andalucía, donde está previsto que se debata una proposición no de ley. También expondrán su caso ante el Defensor del Pueblo Andaluz, buscando visibilidad institucional ante lo que consideran un abandono.
Por su parte, el PSOE de Cádiz ha exigido la dimisión del delegado territorial de Educación, al que acusan de mentir y engañar a las familias. La parlamentaria Rocío Arrabal ha denunciado que el único “remedio” ofrecido ha sido la instalación de un tabique de madera por 12.000 euros para dividir el salón de usos múltiples, sin garantías de seguridad ni de resolver el déficit de hasta cinco aulas que sufre el centro.