El silencio no ratifica tratados
La verdadera naturaleza del acuerdo
La reciente participación de Fabián Picardo en el podcast “Not Another Press Release” ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión clave del futuro acuerdo sobre Gibraltar: su verdadera naturaleza jurídica y, sobre todo, quién debe ratificarlo. Picardo describió el tratado como un documento “muy denso”, con anexos, protocolos, acuerdos administrativos y memorándums de entendimiento. Esto no es un detalle menor, al contrario, es precisamente ahí donde se juega una buena parte del debate democrático.
¿Quién debe ratificarlo?
Si bien las palabras de Picardo hacen referencia a un documento muy extenso, además de los diversos documentos que cuelgan del texto principal, también las partes podrían estar asumiendo otros compromisos que podrían afectar a competencias estatales. En este caso, no podría limitarse solamente a una ratificación por la Unión Europea y el Reino Unido, sino que también exigiría el paso por el parlamento español.
La paradoja del acceso al texto
Aquí aparece la paradoja que resulta cada vez más difícil de explicar: el Gabinete Ministerial gibraltareño sí tuvo acceso al texto y dio luz verde política al acuerdo. Sus representantes, incluida la oposición encabezada por Azopardi, pudieron leerlo, analizarlo y posicionarse. En cambio, los ministerios competentes españoles como el de Hacienda e incluso la Asesoría Jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores, parece que no han tenido acceso al documento, y, sin embargo, el acuerdo avanza sin un debate abierto en España.
Transparencia como garantía democrática
Si el tratado es tan complejo como reconoce el propio ministro principal gibraltareño — con capas de compromisos administrativos y técnicos —, entonces la transparencia no es un obstáculo, es una garantía. Si en Gibraltar sus representantes han conocido y avalado el texto, resulta razonable y necesario que los representantes españoles tengan el mismo derecho.
Un acuerdo robusto exige Parlamento
En definitiva, si el acuerdo es tan denso como presenta Picardo, también debe de ser democráticamente robusto. Para ello es preceptivo definir si regula competencias exclusivas de Países Miembros por lo que debería ser ratificado también en el Parlamento español. Cabría preguntarse así mismo si, al abordar temáticas transferidas a las Comunidades Autónomas, no tendría que haber participado en su negociación la Junta de Andalucía, principal afectada por lo que en él se recoja. Porque los tratados que marcan el futuro no se negocian entre pocos obviando a partes implicadas, ni se firman a puerta cerrada sean o no beneficiosos para la población.
Luz y taquígrafos
Ese tipo de tratados tan determinantes se explican, se ratifican por la vía correcta, aprobándose con luz y taquígrafos. Esta es la mejor forma de asegurar que todo el mundo se sienta implicado y de que el tratado tenga verdadero apoyo popular, de otra forma nos exponemos a que una parte importante de la sociedad y el mundo económico y político español no se sienta identificado con el acuerdo, lo que podría crear de nuevo problemas en un futuro cercano.