Nuevas inquietudes sobre el tratado del Gibexit
La ratificación del 'histórico' acuerdo de Gibraltar de 2025 de retrasa y la falta de información sobre el texto final y posibles complicaciones jurídicas genera inquietud en el Campo de Gibraltar
El acuerdo político sobre Gibraltar entre España, el Reino Unido y la Unión Europea se alcanzó en junio de 2025, pero aún no ha sido ratificado y, por lo tanto, parece lejos su entrada en vigor como acuerdo definitivo. Las negociaciones técnicas y legales para el tratado final deben completarse, siendo la ratificación formal por parte de los parlamentarios de la UE y del Reino Unido el paso final necesario para su implementación. Pero en los últimos tiempos han surgido opiniones que cuestionan tanto el proceso de ratificación como el silencio y poco conocimiento de los detalles del acuerdo.
El acuerdo político inicial, alcanzado el pasado mes de junio, calificado por las partes como "acuerdo histórico", preveía la eliminación de la Verja y la inclusión de Gibraltar en el espacio Schengen, con España asumiendo el control de las entradas y salidas en el puerto y aeropuerto. Este principio de acuerdo fue bien recibido por las autoridades de España, Reino Unido, la UE y Gibraltar.
Pero la comparecencia del ministro de Exteriores español en el Congreso, no despejó dudas sobre el detalle, y el alcance real del acuerdo. Incluso partes implicadas, como autoridades locales del Campo de Gibraltar, han venido manifestando su descontento ante la "opacidad" mostrada por Exteriores y ante la falta de información sobre la redacción del tratado. Así, y aunque hay en la zona optimismo generalizado sobre los potenciales beneficios del acuerdo (principalmente la libre circulación de personas y mercancías, que podría resultar positiva para la economía del Campo de GIbraltar), persisten desconfianzas y distintas sensibilidades en torno a temas clave como el alcance del ejercicio de soberanía, la afectación real de los flujos económicos que podrían surgir, el impacto sobre la vivienda, el medio ambiente o los aspectos fiscales.
En cuanto al proceso de ratificación pendiente, tal y como se señaló en el reciente coloquio organizado por Europa Sur en la Línea, persisten serias y razonables dudas sobre si las competencias sobre el mismo atañen exclusivamente al ámbito de la UE, o si, por el contrario se regulan materias sujetas a competencia compartida como; medio ambiente;espacio de seguridad y justicia; cohesión económica, social y territorial; impuestos indirectos etc., y en cuyo caso, y según el Tratado Fundacional de la Unión Europea debería tramitarse como un acuerdo mixto, con intervención de los países miembros.
Según expertos en derecho internacional, el marco bilateral planteado, con ratificación necesaria por parte de la UE y del Reino Unido, podría no ser el procedimiento más apropiado para dar luz verde a los compromisos alcanzados. Lo que plantearía la necesidad final de una aprobación por parte de los parlamentarios de los países UE (acuerdo mixto), con el consiguiente no sólo retraso del proceso (¿cuánto tiempo sería necesario para que lo revisen 27 parlamentarios nacionales?), si no con la posibilidad de encontrar contratiempos en forma de notificación o necesidad de más consultas previas.
Al mismo tiempo, como elemento adicional al recorrido del tratado, las dudas también se extienden hacia si existe participación o no, en todo el proceso de redacción y encaje jurídico del acuerdo, de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Exteriores, encargada de revisar todos los compromisos internacionales que afecten a las competencias españolas, aunque estas sean compartidas con la UE.
En resumen, si bien parece existir un consenso en la zona de que el acuerdo es necesario y podría resultar beneficioso, los procesos se están llevando a cabo sobre su redacción final y aplicación, así como la posterior ratificación, generan interrogantes e inquietud entre las autoridades y vecinos del Campo de Gibraltar.
En este sentido, quizás, dar luz sobre la redacción final del tratado que se está llevando a cabo, con una posterior apertura de periodo de reflexión y consulta con las autoridades implicadas, sumado a una aclaración jurídica sobre su proceso de ratificación, podría disminuir en parte la incertidumbre que se ha empezado a extender en el Campo de Gibraltar sobre la implementación y alcance práctico del tratado.