Gibraltar refuerza los requisitos para obtener el estatuto de llanito y frena los abusos
El Gobierno de Gibraltar ha presentado este jueves el Proyecto de Ley sobre el Estatuto del Gibraltareño y la Inmigración (Enmienda) de 2025, una reforma legislativa que busca reforzar el control sobre los registros de ciudadanía y residencia, así como garantizar la integridad de sus instituciones. La medida responde al aumento de solicitudes y a abusos detectados en los criterios actuales, algunos de ellos vigentes desde hace más de 60 años.
Si el Parlamento gibraltareño aprueba la reforma, se modificarán dos leyes clave: la Ley sobre el Estatuto del Gibraltareño, de 1962, y la Ley de Inmigración, Asilo y Refugiados. El objetivo principal es impedir que personas sin vínculos reales con el Peñón accedan al registro de gibraltareños, algo que hasta ahora era posible incluso por vía de descendencia lejana, como en el caso de nietos de personas que ni siquiera estaban registradas.
Uno de los cambios más significativos es que solo podrán solicitar el estatuto quienes tengan al menos un progenitor ya registrado. También se aclara que los “hijos” a efectos legales serán únicamente los menores de 18 años, cerrando así la puerta a peticiones fraudulentas para hijos adultos, aprovechando ambigüedades anteriores en la redacción legal.
Otro aspecto clave de la reforma afecta a la residencia por vía discrecional del Gobierno, que hasta ahora requería 10 años de permanencia continua. Con la nueva ley, se exigirá una residencia mínima de 20 años en Gibraltar para acceder al registro bajo esta modalidad.
En paralelo, el Proyecto de Ley modifica el artículo 55N de la normativa migratoria para elevar de 5 a 10 años el periodo de carencia en ciertos procesos, aunque esta enmienda no afectará a ciudadanos incluidos en acuerdos internacionales como el de Retirada del Reino Unido de la UE, el del EEE y la AELC o los derechos de ciudadanos suizos.
El Ejecutivo gibraltareño ha subrayado que esta reforma busca proteger los derechos tanto de los gibraltareños como de los residentes legales, y preservar la sostenibilidad del sistema ante una presión demográfica creciente. El texto será sometido a debate parlamentario en las próximas semanas.