Todo lo que debes saber sobre las nuevas medidas para patinetes eléctricos en Gibraltar
El Gobierno de Gibraltar ha anunciado la puesta en marcha de las primeras medidas regulatorias dirigidas a los vehículos eléctricos de movilidad personal, entre ellos los patinetes eléctricos, con el objetivo de garantizar un uso seguro y ordenado en la vía pública.
Aseguran que la intención del Ejecutivo es regular y no prohibir, reconociendo la utilidad de estos medios de transporte para reducir la congestión del tráfico y las emisiones contaminantes. En este sentido, se ha establecido un límite máximo de velocidad de 25 km/h, cuya vigilancia se llevará a cabo mediante radares móviles, facultando además a las fuerzas de seguridad para retirar y confiscar los vehículos que superen dicho umbral.
Los patinetes que excedan esa velocidad dejarán de considerarse PLET y solo podrán recuperarse una vez adaptados a la normativa o registrados como vehículos eléctricos ante el Departamento de Matriculación de Vehículos de Gibraltar (DVLD). Paralelamente, el Gobierno trabaja en una regulación adicional para que las infracciones relacionadas con estos vehículos se integren en el régimen general de tráfico.
Otra de las medidas anunciadas es la creación de un sistema de registro online obligatorio, con carácter anual, que tendrá un coste de 10 libras y exigirá identificación personal y justificante de domicilio. Los vehículos inscritos recibirán una pegatina con código QR, que deberá permanecer visible en todo momento, y cuya ausencia o irregularidad podrá derivar en la incautación del patinete.
Asimismo, el Ejecutivo mantiene negociaciones con aseguradoras para habilitar un seguro de responsabilidad civil, que será obligatorio en cuanto exista una oferta viable en el mercado local. Según han indicado, el desarrollo de la normativa avanza en paralelo al de los seguros para implantar esta exigencia “tan pronto como sea posible”.
El Gobierno concluye con que estas decisiones constituyen los primeros pasos de un plan más amplio, que permitirá actuar con firmeza ante usos peligrosos o ilegales, al tiempo que se protege el derecho de la ciudadanía a una movilidad segura y responsable.