Unanimidad en el Campo de Gibraltar contra el cobro excesivo del agua
Acuerdo unánime para solicitar a la Junta de Andalucía la reducción del canon de regulación aplicado a la compra de agua y la suspensión de la tarifa de utilización para la empresa pública Arcgisa. La sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha acogido una sesión extraordinaria en la que los representantes comarcales han aprobado la moción presentada por el grupo socialista y que generó un intenso debate entre los partidos, aunque contó con el respaldo unánime del pleno.
El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, criticó duramente la medida, señalando que el actual gobierno andaluz pretende recaudar 80 euros anuales por ciudadano a través del recibo del agua. Acusó además a la administración autonómica de mantener un canon "desorbitado", superior al 230 %, que no se aplica con la misma dureza en otras zonas como la Costa del Sol.
Durante la sesión, el grupo socialista reprochó a la presidencia de la Mancomunidad y a Arcgisa su falta de transparencia al no haber informado ni convocado a los alcaldes para tratar con antelación la cuestión del canon, a pesar de conocer su aplicación desde hace más de un año. La moción también denuncia un incremento del 121,99 % en los costes operativos derivados del nuevo canon.
Desde la oposición se sumaron críticas al procedimiento seguido por los socialistas, aunque reconocieron que la aplicación del canon es discriminatoria y perjudicial para la comarca. Coincidieron en la necesidad de llevar el asunto a instancias políticas superiores y plantear nuevas vías de negociación con el gobierno regional.
El debate se centró más en cuestiones de forma que de fondo, ya que todos los grupos compartieron la preocupación por el impacto económico de la medida. El portavoz del PP, Javier Vázquez Hueso, recordó que el canon actual se aprobó en 2010 bajo gobiernos socialistas y defendió el trabajo técnico y político realizado por la institución comarcal para encontrar soluciones más justas y equitativas.
La propuesta también contempla solicitar una dotación económica extraordinaria para compensar el desequilibrio financiero generado, cifrado en 2,3 millones de euros, que podría recaer directamente sobre los vecinos.