Un incendio con daños colaterales y algunos señalados: ¿quiénes tienen la culpa?
El incendio que el este pasado 11 de julio arrasó parte del paraje de Botafuegos, en el término municipal de Algeciras, ha generado no solo un daño ambiental considerable y lastimoso, sino también un debate social y político en torno a sus causas y consecuencias. Las llamas comenzaron en una cuneta de la carretera CA-9208, en las inmediaciones de la barriada de El Cobre, y obligaron a evacuar a los vecinos de 45 viviendas de zonas como la Cañá de los Tomates, La Bajadilla Alta, la calle Félix Rodríguez de la Fuente y la Cuesta de El Piojo.
Según el Consorcio de Bomberos de Cádiz, el foco se localizó junto al Centro Penitenciario de Botafuegos. El fuego se propagó con rapidez debido al viento de poniente, afectando a un área de alto valor ecológico, donde predominan alcornocales, acebuches y matorral mediterráneo.
Pero el incendio tuvo también daños colaterales para muchísimas personas, en un número que difícilmente puede calcularse. Viajeros que vieron interrumpida la conexión ferroviaria y vieron trastocados sus planes. También los que se encontraron con el puerto a oscuras por las interrupciones de Endesa y las dificultades encontradas a la hora de embarcar hacia la otra orilla del Estrecho. A ellos se unieron muchos residentes y pequeños negocios, principalmente de la zona de San García. Los cortes de suministro eléctrico provocados por el fuego también obligaron a cerrar comercios antes de tiempo, a otros a abrirlos más tarde de lo habitual, como sucedió en algunos establecimientos de Sotorebolo. ¿Quién se hace responsable de estos daños ahora?, ¿quién los cuantifica?
Ante esta situación, colectivos como Verdemar Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante el SEPRONA de la Guardia Civil contra la Diputación de Cádiz, por no mantener debidamente desbrozadas las cunetas, lo que, según la organización, habría facilitado la expansión del incendio. Los ecologistas sostienen que se ha incumplido el artículo 22 del Reglamento andaluz de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, que obliga a despejar hasta 11 metros de vegetación en márgenes de caminos forestales.
La denuncia pone el foco en una presunta dejación institucional, pero también abre la puerta a una reflexión: ¿Son únicamente las administraciones responsables del mantenimiento de estos espacios, o deben también los ciudadanos evitar la acumulación de basura en parcelas y cunetas? Si las localizan, ¿hacen algo por retirarlas o avisar para que las retiren?
Imágenes como las que pudimos presenciar in situ o por redes sociales este viernes deberían servirnos a todos, ya sea desde el sillón de responsabilidad que se ostente o en el sofá de la casa, para tomar conciencia, tanto a las instituciones como a la ciudadanía en general, de la urgencia de proteger nuestro entorno natural.