Condenados tres estafadores de la estiba en Algeciras
Minutos antes de las 10:00 de este lunes, los tres acusados por vender falsos puestos de trabajo en la estiba de Algeciras se presentaron en la sede de la Audiencia de Cádiz, donde finalmente asumieron los delitos que se les imputaban. Gracias a un acuerdo entre la Fiscalía, las defensas y las 55 víctimas, el juicio que iba a celebrarse durante toda la semana quedó suspendido.
Los condenados son Ángel Fernández, José Manuel C. P., alias Cafelito, y David C. M., padre e hijo. Ángel Fernández y José Manuel C. P. recibirán cuatro años de prisión, multas de tres meses a razón de seis euros diarios y deberán indemnizar a sus víctimas con más de un millón de euros por delitos de estafa agravada y continuada. La pena inicial era de seis años. David C. M. ha sido condenado a dos años de cárcel por estafa continuada, junto con la correspondiente multa e indemnización, al no superar los 250.000 euros la cuantía de sus delitos.
El caso se remonta a las diligencias iniciadas el 15 de mayo de 2018 por la Policía Nacional, concretamente por el Grupo 1 de la UDEV, del Grupo 4 de Blanqueo de Capitales (Udyco) de Algeciras y de la Udyco de Cádiz. Las investigaciones revelaron que los acusados habían creado una red de venta fraudulenta de puestos de trabajo en el puerto, saltándose los cauces legales y aprovechándose de la necesidad de los aspirantes.
Según la Fiscalía, entre 2008 y 2018 los condenados difundieron el rumor de que podían garantizar contratos en la estiba de Algeciras a cambio de dinero. “Crearon así en determinados círculos la falsa creencia de que tenían ese poder con el ánimo de captar a personas que les abonaran las cantidades de dinero pedidas”, señala el escrito de acusación.
Además, Ángel Fernández ofreció puestos en la empresa municipal Algesa, de la que su padre fue consejero delegado mientras ocupaba el cargo de primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras. Estas ofertas también se realizaban a cambio de comisiones económicas, aprovechando su influencia en la administración local.
El acuerdo entre las partes no solo asegura justicia para las 55 víctimas, sino que también evita un juicio que habría puesto de relieve la vinculación entre la venta fraudulenta de empleos y redes interesadas en el puerto, algunas relacionadas con el narcotráfico, que buscaban asentarse en la zona.